Si alguien buscara un escenario donde un evento pusiera en peligro a toda la humanidad al mismo tiempo, dicen los expertos que una pandemia tendría más posibilidades de éxito que un ataque nuclear o el choque de un asteroide. Pero por más que los gobiernos de hoy pongan todos sus esfuerzos en contrarrestar esto, claramente el mundo no estaba preparado para una pandemia.
Vivimos en tiempos de incertidumbre, distancia, introspección, preocupación y quiebre económico, pero al mismo tiempo un momento que nos debiera permitir volver a ecualizar el sistema de vida y la escala de valores de nuestra sociedad.

Esta realidad nos permitirá volver a poner sobre la mesa aquellos derechos ineludibles para todas las personas, logrando así fortalecer una sociedad hoy vulnerable y débil. El derecho a la vivienda – y podemos decir a una vivienda productiva – en un contexto urbano-rural estable, es el que proporciona un fortalecimiento de todos los demás derechos humanos de una manera sostenible.

¿De qué sirve tener equipos médicos modernos y capacitados en los hospitales si los ciudadanos se contaminan en viviendas anti-higiénicas y barrios densamente poblados? ¿Qué sentido tiene volver a casa de la escuela y no poder estudiar porque no tenemos electricidad o un lugar para aislarnos y concentrarnos? ¿Es pertinente un taller de sensibilización sobre el respeto de los derechos de los niños y de la mujer, cuando sabemos que las violaciones interfamiliares suelen tener lugar en una cama compartida por todos los miembros de la familia? ¿Cómo garantizar la integración económica y social de las poblaciones desplazadas o de los excombatientes, si están estacionados en campamentos insalubres y aislados de servicios básicos?

¿No parece contradictorio que nuestra casa y nuestro barrio sean hoy uno de los lugares
más inseguros para vivir?
¿Cómo podemos mantenernos seguros en tiempos de crisis sanitaria si no tenemos
vivienda o estamos mal alojados?

Hoy debemos introducir el paradigma de la ciudad verde, de la ciudad saludable, para que nos podamos preocupar de manera real de la salud pública mundial, comprendiendo que la vivienda adecuada está estrechamente relacionada con las prioridades globales,
desde la seguridad alimentaria hasta la salud mental.

Desde 1969, la Declaración Universal de Derechos Humanos ha reconocido el derecho a la vivienda como un derecho universal. Ya está reconocido internacionalmente y en más de
100 constituciones nacionales de todo el mundo. Sin embargo, las personas sin hogar, alojadas inadecuadamente y desalojadas son cada
vez más numerosas en todas las ciudades y zonas rurales del mundo.

En ONU-Hábitat se estimaba antes de la pandemia que para 2050, 3.000 millones de personas vivirán en barrios marginales de ciudades como São Paulo, Caracas, Bogotá y
Mumbai.

Lo dramático de la súper urbanización es que se genera en las principales ciudades de
países en desarrollo, sin economías estables y dependientes de la producción primaria y de la
explotación extranjera. Cuando esto se añade a la alta contaminación ambiental, estas ciudades se encuentran extremadamente vulnerables ante cualquier evento natural y humano por su poca resiliencia.

¿No es la vivienda digna en barrios saludables una respuesta prioritaria a cualquier
intervención de desarrollo?

Según la Nueva Agenda Urbana Mundial 2016, la pobreza, la desigualdad y el deterioro del medio ambiente se consideran obstáculos fundamentales que condicionan los procesos de
desarrollo urbano. Por lo tanto, la vivienda digna merece una atención especial, tanto en los asentamientos informales como en los nuevos barrios saludables planificados de la ciudad
formal. Mejorar las condiciones de vivienda en ciudades pequeñas y áreas rurales es esencial para construir una sociedad más justa.

Se hace urgente promover proyectos saludables que logren articular las agendas de gobierno de los municipios y ciudades con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular el objetivo 11 – Ciudades y comunidades sostenibles – y los compromisos de los gobiernos locales en el marco de la Nueva Agenda Urbana. Esto con el fin de que los proyectos de vivienda respondan no sólo al derecho a la vivienda sino también contribuyan de manera integral y sistémica a proteger la salud de nuestras ciudades y nuestro territorio.

Actualmente, hay más de 50 millones de desplazados internos y más de 25 millones de refugiados en todo el mundo, además de más de 1.000 millones que viven en barrios
marginales urbanos. En las próximas décadas, estas cifras podrían aumentar drásticamente debido, en particular, al cambio climático, pero también a la pandemia, violencia y a los problemas humanitarios. La pandemia que vivimos hoy y la rápida urbanización, a través de la transformación social, podría generar que alrededor de 3.000 millones de personas se trasladen a los centros urbanos en las próximas tres décadas, a menudo a asentamientos informales, y que otra cantidad migre al campo en búsqueda de seguridad. Este movimiento reorganizaría el territorio de una manera distinta a lo acostumbrado, suponiendo un enorme desafío en cuanto a la provisión de viviendas para
las personas en situación de vulnerabilidad. Por ello, la vivienda digna no debe considerarse sólo como un fin en términos cuantitativos, sino como un medio para garantizar los derechos básicos de estos nuevos ciudadanos en los territorios y su
integración efectiva con las comunidades de acogida, tanto en contextos rurales como
urbanos.

La vivienda digna es la única vía de inclusión social. También es una fuente de empleo y un
elemento clave para el desarrollo de la ciudadanía. La actual crisis sanitaria pone de manifiesto las debilidades de nuestros sistemas
económicos y sociales. En los últimos decenios, la vivienda digna no ha sido priorizada en los proyectos de desarrollo, ya que siempre se ha considerado un bien de lujo, especulativo y negociable.

Nuestras casas hoy se han transformado en nuestras ciudades, toda nuestra vida está en ellas. Vivir, trabajar y estudiar, hoy son en un solo lugar, nuestra casa, y, en un gran porcentaje de nuestra sociedad, esas casas no están preparadas ni en las mejores condiciones para este nuevo estilo de vida.

Por un lado, tenemos a los sin-techo, que están directamente expuestos a virus mortales y
a la imposibilidad de aislamiento. Luego a los mal alojados, que viven en un falso encierro en ambientes superpoblados. También están los campos de refugiados, cuyos ocupantes
no pueden regresar a sus hogares porque sus casas han sido saqueadas o bombardeadas. Por otro lado, tenemos a los bien alojados, que tienen la suerte de poder aislarse durante la cuarentena. Pero seamos realistas: debido a que la mayoría de la población mundial se encuentra en los tres
primeros grupos, la propagación del virus no se detendrá con la cuarentena. Por lo tanto, todos seremos víctimas, directa o indirectamente, de la escasez de viviendas en el mundo. El COVID-19, que nos ha derribado a todos -de manera más o menos igual según nuestra capacidad de confinarnos bajo un techo de calidad-, nos desafía ahora sobre cómo debemos actuar. En Hurbanity y en las demás organizaciones firmantes, nos preguntamos si esta crisis sanitaria hará que el mundo de la cooperación al desarrollo se comprometa más con el acceso a una vivienda digna.

La cooperación al desarrollo, a diferencia de los sectores humanitarios y de emergencia, tiene una visión a largo plazo. Su objetivo es tener un impacto global a nivel local. Por lo tanto, podemos argumentar que es necesario dedicar presupuestos más importantes a los proyectos de vivienda adecuada.

Hoy en día, el planeta entero se ha visto afectado por esta crisis sanitaria. ¿No es hora de que las agencias de desarrollo reconozcan el papel de la vivienda digna en la preservación
de la población?

Asociación Hurbanity

.

.

.